Para derrotar la pandemia y superar la grave crisis nacional:
NUEVO PACTO SOCIAL POR LA VIDA Y LA JUSTICIA SOCIAL
Manifiesto
Hace más de dos años, la Asamblea Nacional de los Pueblos se reactivó a partir de la confluencia de organizaciones sindicales y campesinas, de jóvenes y feministas, de pobladores urbanos y pueblos originarios, para luchar contra la corrupción y las políticas neoliberales. Hoy, tras sesenta días de emergencia sanitaria y social, decretada a raíz de la pandemia global del COVID 19, ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la vida y llamamos a construir un gran acuerdo político que convoque a trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, a comuneros y pueblos indígenas, a jóvenes y mujeres de diversa condición, a quienes reivindican la diversidad LGTBIQ, a ciudadanas y ciudadanos en general. Los convocamos a unirnos en torno a una plataforma común que de salida a la actual crisis y siente las bases para un nuevo pacto social que nos enrumbe por una ruta alternativa a la que nos ha llevado al borde la catástrofe humanitaria.
La pandemia del coronavirus tiene su origen –al igual que varias epidemias de las últimas décadas (VIH, Ébola, SARS, etc.)- en la agresiva colonización de los últimos rincones del planeta con un modelo depredador y extractivista. Su rápida expansión ha sacado a la luz las profundas contradicciones de la globalización neoliberal: la ausencia de controles sanitarios efectivos para la circulación de personas y bienes materiales, la fragilidad de las cadenas globales de valor, la precariedad de los sistemas de salud, debilitados sistemáticamente por las privatizaciones, y sobre todo, la enorme precariedad social que ha llevado a que en pocas semanas el desempleo, la pobreza, la violencia de género y las desigualdades hayan crecido aceleradamente en todo el planeta. Sin duda vivimos un cambio de época, están en crisis los fundamentos mismos de la civilización actual. Los gobiernos se han visto obligados a recurrir a medidas extremas de aislamiento social y a intentar paliativos económicos para evitar que la epidemia desborde y lleve al colapso a los frágiles sistemas de salud. Más allá de los desiguales resultados nacionales, se presagia una crisis prolongada con sucesivas oleadas de la epidemia y con una recesión económica no vista desde la histórica crisis de 1930.
En el Perú, el gobierno de Martín Vizcarra, con un amplio respaldo de la población, dispuso la implementación del aislamiento social y la paralización de la mayor parte de la actividad económica. Estas medidas, sin duda, han contribuido a que la epidemia no se transforme en miles de muertes en las primeras semanas. Sin embargo, no se la ha logrado el objetivo de frenar la velocidad de la expansión del virus. Y con ello, los servicios de salud han comenzado a llegar a su límite, colapsando en algunas regiones del país (Loreto, Lambayeque, Callao, zonas de Lima Metropolitana). Causas de lo anterior son, por un lado, la precariedad y desarticulación de los servicios de salud y, por otro, las urgencias de poblaciones desabastecidas y sin ingresos. El hambre ha roto la inamovilidad social al punto que desde hace varias semanas se iniciaron caminatas de cientos de kilómetros desde las ciudades hacia las provincias y comunidades de origen de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras precarias.
Más allá de la decisión inicial y la intención de ejercer liderazgo, el gobierno ha chocado con las enormes limitaciones del Estado, sistemáticamente debilitado y expoliado en las últimas décadas. Y no ha sido capaz de tomar medidas más radicales para encarar la emergencia sanitaria. Por otro lado, ha manejado los subsidios económicos a la población con una lógica de programa social focalizado –a través de bonos para las poblaciones en pobreza-, y no como política pública universal de compensación por los ingresos perdidos por la crisis. Más aún, ni siquiera ha logrado cubrir al conjunto de la población focalizada: El primer bono de S/380.00 aún no ha terminado de pagarse y tanto el bono familiar universal de S/760.00 como el Bono Rural, recién comienzan a implementarse. Importantes sectores, como las personas con alguna discapacidad y las/os pensionistas ni siquiera fueron tomados en cuenta. A pesar de una Ley al respecto, los afiliados a las AFP no pueden retirar el 25% de sus depósitos. Simultáneamente, el gobierno habilita fondos a los bancos privados -60 mil millones de soles- para evitar la ruptura de la cadena de pagos de las empresas, sin poner mayores condiciones acerca del destino y condiciones de los préstamos con dichos fondos.
Durante el primer mes de emergencia se perdieron miles de empleos por la no renovación de contratos temporales, a lo que siguió la “suspensión perfecta» de labores, propuesta por CONFIEP y aceptada por el gobierno, que permite a los empleadores enviar trabajadores a su casa sin pago de remuneraciones y sin garantías de retorno. Más recientemente les ha concedido implementar un cronograma apresurado de reapertura de las actividades económicas, sin consulta efectiva ni no participación fiscalizadora de las organizaciones sindicales a través de los Comités paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo. Simultáneamente, el Gobierno se niega a atender las demandas de apoyo técnico, financiero y sanitario de parte de los productores agrarios quienes, en medio de la crisis, siguen garantizando la provisión de alimentos a la sociedad en su conjunto.
La pandemia ha exacerbado exclusiones y desigualdades en nuestra sociedad. Ha desnudado la precariedad de los supuestos logros de las últimas décadas. La supuesta reducción de la pobreza se ha volatilizado en pocas semanas: la precariedad del trabajo y de los ingresos se ha hecho patente, millones de peruanas y peruanos han vuelto a la condición de pobres. Para las mujeres la crisis conlleva la difícil tarea de conciliar los esfuerzos por la supervivencia con el trabajo de cuidado no remunerado. A lo anterior se suma, dado el machismo imperante, el incremento de las inseguridades y la violencia que se ha manifestado en decenas de feminicidios y cientos de violaciones dado que el confinamiento obligatorio las deja a merced de potenciales agresores.
Particularmente delicada es la situación de los Pueblos Indígenas que han sido abandonados a su suerte, en sus territorios y en lugares de desplazamiento como Cantagallo en Lima, sin que se desarrollen a tiempo acciones de prevención y atención sanitaria con enfoque intercultural. Situación similar viven las poblaciones afroperuanas. También somos testigos de la desesperación de las personas privadas de libertad contagiadas en los penales, y de la situación cada vez más crítica de casi un millón de venezolanas en el país. La desatención a las personas y comunidades más vulnerables contrastan con el apoyo económico a los grandes empresarios que reinician sus actividades sin garantizar la seguridad de sus trabajadores y los entornos en los que operan, tal como sucede en la gran minería y la pesquería industrial.
No hay como encarar la grave crisis actual en el marco de las políticas que se han venido implementando en el país en las últimas décadas, se requiere un nuevo curso basado en un pacto social y modelo de desarrollo con justicia social que Proponemos como base para un nuevo pacto social, los siguientes puntos:
1. Priorizar el derecho a la salud y la vida de todas y todos los peruanos. Avanzar hacia un sistema unificado de salud, reformado y financiado, con plenos derechos laborales para sus trabajadores, que incluya la participación de la población organizada con enfoques de salud comunitaria, de género e interculturalidad.
2. Garantizar la supervivencia sin riesgo de todas y todos en tanto dure la emergencia: Ingreso Mínimo Universal bajo la forma de un bono de mil soles a todos los ciudadanos mayores de 18 años en tanto dure la emergencia. Atender en particular las necesidades específicas de las personas más vulnerables, por ejemplo las que viven con algún tipo de discapacidad.
3. Pleno respeto a los derechos laborales y promoción del trabajo digno. Cese de los despidos colectivos bajo cualquier forma, en particular los que afectan a las mujeres en la agro-exportación y en el trabajo en hogares. Formalización de las/os trabajadores/as de MYPE y auto-empleados en el marco de una nueva Ley General del Trabajo y promulgación inmediata de la Ley de Trabajadoras del Hogar. Fortalecer las capacidades, competencias y recursos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de la SUNAFIL.
4. Reactivación económica sin privilegios ni riesgos para la salud. Priorizar el apoyo a las PYME y micro-empresas. Protocolos sanitarios rigurosos, elaborados con participación de los trabajadores, que garanticen bioseguridad, los derechos laborales e integrales para los trabajadores/as. Instalación en todos los centros laborales (públicos y privados) de Comités paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo con participación de los sindicatos. Reconocimiento de COVID 19 como enfermedad profesional.
5. Priorizar la reactivación del sector agrario. Creación de un Fondo de Salvataje y Reactivación de la Agricultura Familiar, principal garante de la seguridad alimentaria del país. Promulgar una Ley de compras estatales que priorice a los productores nacionales. Reorganización del actual sistema de grandes mercados, promoviendo la descentralización. Establecimiento de un Comando de Emergencia Agraria que articule a los diversos sectores involucrados en el tema agrario, incluyendo a las mujeres productoras.
6. Políticas públicas y participación ciudadana para erradicar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres. Promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. Conformación de un sistema integral público de cuidados, reconocimiento social, cultural y remunerativo del trabajo del cuidado. Garantía de los derechos de la comunidad LGTBI, en particular su derecho a la identidad.
7. Reforma integral de la Seguridad Social en todos sus componentes con la participación de trabajadores y pensionistas. Establecimiento de un sistema universal de pensiones basado en la solidaridad y con un criterio de reparto equitativo, que reemplace al régimen de las AFP. Pensiones dignas para los jubilados.
8. Impuesto a las grandes fortunas, gravando ingresos y activos, para permitirle al estado hacer frente a la situación de emergencia. Cobro inmediato de las millonarias deudas tributarias de las grandes empresas. Reforma tributaria que acabe con las exoneraciones.
9. Reconocimiento pleno y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, incorporación de sus representantes en las instancias de decisión frente a la crisis para concertar y ejecutar estrategias y acciones diferenciadas en sus territorios. Suspensión de todo tipo de actividad extractiva en sus territorios en tanto dure la emergencia. Reconocimiento y atención a las demandas de las poblaciones afro-peruanas.
10. Fortalecimiento de la educación pública, con enfoque intercultural, de género y de derechos, en función de garantizar el derecho a la educación de todas y todos los peruanos, particularmente los más vulnerables. Incremento del presupuesto para la educación, en especial la educación a distancia, reduciendo la brecha digital. Apoyo a las actividades culturales a través de medios abiertos y virtuales.
11. Garantizar la continuidad de la reforma política a través de la renovación de los mecanismos de representación: fortalecimiento de la democracia interna de los partidos, eliminación del voto preferencial, paridad y alternancia y facilidades para el registro de nuevos partidos.
12. Profundizar la lucha anticorrupción acelerando juicios y sentencias a los responsables del saqueo de los fondos públicos y por tanto de la crisis estatal que está cobrando vidas con la pandemia. Activar y ampliar mecanismos de fiscalización y vigilancia del gasto público en el contexto de la emergencia para prevenir y sancionar la reiteración de diversas prácticas corruptas.
13.- Iniciar la transformar de la estructura económica con enfoque productivo, intercultural, desarrollo sostenible y trabajo decente. Priorizar la diversificación productiva y el desarrollo regional.
14.- Impulsar mecanismos de participación ciudadana y de organizaciones de base frente a la pandemia, con un enfoque que combine la construcción de Poder Popular y la constitución de un Sistema de Dialogo Social (vinculante) con autoridades locales, regionales y nacionales.
Sin un cambio de rumbo será imposible derrotar la pandemia y superar la crisis económica, social y política. Llamamos al Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y Locales a abrir espacios para el diálogo democrático directo y participativo en torno a estas propuestas y múltiples iniciativas que nuestro pueblo desarrolla cotidianamente para resistir y sobrevivir.
La Asamblea Nacional de los Pueblos hace un llamado a las organizaciones, a la ciudadanía en general, a involucrarse en construir este curso alternativo. La prédica individualista exacerbada de las últimas décadas ha debilitado el poderoso tejido social que construimos a lo largo de siglos de resistencia y lucha por la justicia social. Es el momento de reconstruirlo. Respetando la distancia social tenemos que mantener nuestros vínculos para estar alertas a la situación de vecinos, amigos, compañeros y compañeras de trabajo, hermanos y hermanas de comunidad, etc. Tenemos que organizar colectivamente nuestra supervivencia cotidiana, garantizar la salubridad de los espacios comunes, controlar la movilidad descontrolada. Tenemos que construir nuestros protocolos y respetarlos en talleres, mercados, fábricas y oficinas. Pero por sobre todo tenemos que organizarnos para luchar por nuevas políticas que garanticen Salud, Agua para todas y todos, Trabajo, Educación, Democracia, Igualdad y Soberanía.
Lima, 15 de mayo 2020
Firman:
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT-Perú), Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (FENTTRAHOP), Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación, Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable (FENTAP), Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, Regionales de la CGTP de: Chimbote, Puno, Ica, Junín, Tacna, Ayacucho, Apurímac, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Piura, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios, Huancavelica, Huánuco, Jaén, Lima, Callao.
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalarias del Perú (FENMUCARINAP), Confederación Campesina del Perú (CCP), Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno (ADEMUC), Asociación de Mujeres Campesinas de Sandia, Asociación Mujeres Campesinas de Melgar.
Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral-Comedores (CONAMOVIDI), Colectivo Mujer y Poder, Marcha Mundial de las Mujeres, Asociación Pachamama (Ayacucho), Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), Colectivo Uniones Perú, Colectivo por la Igualdad de Género (Piura), Movimiento Manuela Ramos, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, Movimiento Micaela Bastidas (Trujillo), Asociación de Desarrollo y Crecimiento Personal (ADECEP), Asociación Agenda Mujeres, Asociación de Mujeres Las Karahuayllas.
Coordinadora Nacional de Frentes Regionales del Perú (CONAFREP), Unión de Frentes Regionales del Perú (UFREP), Coordinadora Nacional de Usuarios del Gas Natural, Coordinadora Política Social de la Región de Arequipa (COPSORA), Colectivo Inundación Nunca Más (Chulucanas-Piura), Asociación Patriótica por la Recuperación de Arica y Tarapacá (ASPRATA), Frente Callao Dignidad Oficial, Comité Promotor de la ANP – Ica. Coordinadora de Organizaciones Ciudadanas por el Desarrollo de Carabayllo, Comisión Interinstitucional para la construcción del nuevo Hospital Nacional Sergio Bernales (Lima Norte), Junta Vecinal Comunal y Coordinadora para el Desarrollo de Margen Izquierda del río Rímac (Cercado de Lima). Asamblea Vecinal de los pueblos de San Martín de Porres, Frente Juvenil de Izquierda, Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (CENAJUPE), Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación (ANCIJE), Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú (SUTPECOS). Partido Comunista Peruano, Voz Socialista, Partido Comunista del Perú (Patria Roja), Movimiento Nuevo Perú.
Red Nacional de Trabajadoras Auto-empleadas del Perú, Asociación Micro Comerciantes Autogestionarios de Lima Cercado, Asociación Centro Comercial Cachina Plaza – El Cercado, Asociación de Pequeños Emprendedores Victorianos del damero de Gamarra (APEMVIC), Corporación Mega Feria Mañaneras del Perú, Asociación de Trabajadores Informales Coronel Francisco Bolognesi, Nueva Asociación de Emprendedores Comerciantes del distrito de La Victoria, Frente Nacional de Gremios de Micro y Pequeños Empresarios, Asociación de Comerciantes de frutas y actividades afines “Virgen de Cocharcas” (Lima), Asociación de Pequeños Microempresarios “Santa Rosa de Lima” (La Victoria, Lima), Empresas de Transporte y Asociaciones de moto taxi: “Los inmigrantes” servicios múltiples, “Virgen del Carmen (Apolo La Victoria), “Niño Jesús” (La Victoria), el Mirador El Pino, “Señor de Muruhuay” de Apolo, Virgen de Cocharcas de El Pino, “Señor de la Soledad” (Apolo), Empresa Nueva Juventud, Empresa “Virgen de la Asunción”.
Siguen firmas…
La CGTP condena enérgicamente esta práctica política que revela una concepción burocrática y elitista de la democracia que no puede concebirse como tal si no promueve la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. La reforma int
PERU SINDICAL 