CGTP demanda al gobierno adoptar medidas urgentes contra oligopolio farmaceutico

GOBIERNO TIENE EL DEBER DE ADOPTAR MEDIDAS URGENTES CONTRA EL OLIGOPOLIO FARMACEUTICO PARA PROTEGER LA VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN
Pronunciamiento

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se dirige a todos los trabajadores y al pueblo peruano para manifestar que los impactos del COVID-19 en materia económica y social son sumamente graves en el país, sin embargo, son más graves aún los impactos sobre la salud y la vida de las personas.

La sala situacional del MINSA reporta a la fecha 99,483 casos, 2,914 fallecidos y 7527 hospitalizados. Los hospitales en las diversas regiones del país están colapsados principalmente en Lima, Loreto, Piura y Lambayeque.

Muchos de los contagiados están en sus hogares y recurren a los medicamentos que se han difundido para su tratamiento. Lamentablemente, la población de menos recursos que son las grandes mayorías en el país, se ha encontrado con los precios exorbitantes no solo de los elementos de protección personal sino principalmente de las medicinas que hasta solo hace algunos días tenían un bajo precio al alcance de todos.

PRO CGTP 190520


Esto altos precios de la medicina, son impuestos por el oligopolio farmacéutico INKAFARMA del grupo INTERCORP que controla toda la cadena de farmacias y boticas dedicadas a la comercialización de medicinas en un país en el que más del 70% de las medicinas se venden dichas farmacias y el resto en el sector público y seguros privados.

Incurren en una concertación descarada de precios a vista y paciencia del gobierno, del MINSA y de INDECOPI sin que se haya tomado medidas drásticas para evitar este inmenso daño a la salud y a la vida de las personas en las graves circunstancias que afectan a la nación.

El gobierno se ha negado a tomar medidas a fin de frenar este atentado contra la vida de las personas. Debemos recordarle al Gobierno que es “deber del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”, que “el ejercicio de la libertad de empresa no debe ser lesivo a la salud” y que el “Estado vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población” por lo que tiene el deber de adoptar medidas extraordinarias a fin de evitar que la voracidad de oligopolio amenaza la vida y la salud de la población.

La CGTP demanda al Gobierno, a proteger la salud y la vida de la población empezando por fiscalizar la cadena de farmacias y boticas abusivas, imponer fuertes sanciones, promover y poner a disposición inmediata de la población, los medicamentos genéricos.

Lima, 19 de mayo 2020

CONSEJO NACIONAL CGTP / GERONIMO LOPEZ SEVILLANO / Secretario General

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Asamblea Nacional de los Pueblos hace un llamado a un nuevo pacto por la vida y la justicia social

Para derrotar la pandemia y superar la grave crisis nacional:

NUEVO PACTO SOCIAL POR LA VIDA Y LA JUSTICIA SOCIAL

Manifiesto

Hace más de dos años, la Asamblea Nacional de los Pueblos se reactivó a partir de la confluencia de organizaciones sindicales y campesinas, de jóvenes y feministas, de pobladores urbanos y pueblos originarios, para luchar contra la corrupción y las políticas neoliberales. Hoy, tras sesenta días de emergencia sanitaria y social, decretada a raíz de la pandemia global del COVID 19, ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la vida y llamamos a construir un gran acuerdo político que convoque a trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, a comuneros y pueblos indígenas, a jóvenes y mujeres de diversa condición, a quienes reivindican la diversidad LGTBIQ, a ciudadanas y ciudadanos en general. Los convocamos a unirnos en torno a una plataforma común que de salida a la actual crisis y siente las bases para un nuevo pacto social que nos enrumbe por una ruta alternativa a la que nos ha llevado al borde la catástrofe humanitaria.
La pandemia del coronavirus tiene su origen –al igual que varias epidemias de las últimas décadas (VIH, Ébola, SARS, etc.)- en la agresiva colonización de los últimos rincones del planeta con un modelo depredador y extractivista. Su rápida expansión ha sacado a la luz las profundas contradicciones de la globalización neoliberal: la ausencia de controles sanitarios efectivos para la circulación de personas y bienes materiales, la fragilidad de las cadenas globales de valor, la precariedad de los sistemas de salud, debilitados sistemáticamente por las privatizaciones, y sobre todo, la enorme precariedad social que ha llevado a que en pocas semanas el desempleo, la pobreza, la violencia de género y las desigualdades hayan crecido aceleradamente en todo el planeta. Sin duda vivimos un cambio de época, están en crisis los fundamentos mismos de la civilización actual. Los gobiernos se han visto obligados a recurrir a medidas extremas de aislamiento social y a intentar paliativos económicos para evitar que la epidemia desborde y lleve al colapso a los frágiles sistemas de salud. Más allá de los desiguales resultados nacionales, se presagia una crisis prolongada con sucesivas oleadas de la epidemia y con una recesión económica no vista desde la histórica crisis de 1930.
En el Perú, el gobierno de Martín Vizcarra, con un amplio respaldo de la población, dispuso la implementación del aislamiento social y la paralización de la mayor parte de la actividad económica. Estas medidas, sin duda, han contribuido a que la epidemia no se transforme en miles de muertes en las primeras semanas. Sin embargo, no se la ha logrado el objetivo de frenar la velocidad de la expansión del virus. Y con ello, los servicios de salud han comenzado a llegar a su límite, colapsando en algunas regiones del país (Loreto, Lambayeque, Callao, zonas de Lima Metropolitana). Causas de lo anterior son, por un lado, la precariedad y desarticulación de los servicios de salud y, por otro, las urgencias de poblaciones desabastecidas y sin ingresos. El hambre ha roto la inamovilidad social al punto que desde hace varias semanas se iniciaron caminatas de cientos de kilómetros desde las ciudades hacia las provincias y comunidades de origen de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras precarias.
Más allá de la decisión inicial y la intención de ejercer liderazgo, el gobierno ha chocado con las enormes limitaciones del Estado, sistemáticamente debilitado y expoliado en las últimas décadas. Y no ha sido capaz de tomar medidas más radicales para encarar la emergencia sanitaria. Por otro lado, ha manejado los subsidios económicos a la población con una lógica de programa social focalizado –a través de bonos para las poblaciones en pobreza-, y no como política pública universal de compensación por los ingresos perdidos por la crisis. Más aún, ni siquiera ha logrado cubrir al conjunto de la población focalizada: El primer bono de S/380.00 aún no ha terminado de pagarse y tanto el bono familiar universal de S/760.00 como el Bono Rural, recién comienzan a implementarse. Importantes sectores, como las personas con alguna discapacidad y las/os pensionistas ni siquiera fueron tomados en cuenta. A pesar de una Ley al respecto, los afiliados a las AFP no pueden retirar el 25% de sus depósitos. Simultáneamente, el gobierno habilita fondos a los bancos privados -60 mil millones de soles- para evitar la ruptura de la cadena de pagos de las empresas, sin poner mayores condiciones acerca del destino y condiciones de los préstamos con dichos fondos.
Durante el primer mes de emergencia se perdieron miles de empleos por la no renovación de contratos temporales, a lo que siguió la “suspensión perfecta» de labores, propuesta por CONFIEP y aceptada por el gobierno, que permite a los empleadores enviar trabajadores a su casa sin pago de remuneraciones y sin garantías de retorno. Más recientemente les ha concedido implementar un cronograma apresurado de reapertura de las actividades económicas, sin consulta efectiva ni no participación fiscalizadora de las organizaciones sindicales a través de los Comités paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo. Simultáneamente, el Gobierno se niega a atender las demandas de apoyo técnico, financiero y sanitario de parte de los productores agrarios quienes, en medio de la crisis, siguen garantizando la provisión de alimentos a la sociedad en su conjunto.
La pandemia ha exacerbado exclusiones y desigualdades en nuestra sociedad. Ha desnudado la precariedad de los supuestos logros de las últimas décadas. La supuesta reducción de la pobreza se ha volatilizado en pocas semanas: la precariedad del trabajo y de los ingresos se ha hecho patente, millones de peruanas y peruanos han vuelto a la condición de pobres. Para las mujeres la crisis conlleva la difícil tarea de conciliar los esfuerzos por la supervivencia con el trabajo de cuidado no remunerado. A lo anterior se suma, dado el machismo imperante, el incremento de las inseguridades y la violencia que se ha manifestado en decenas de feminicidios y cientos de violaciones dado que el confinamiento obligatorio las deja a merced de potenciales agresores.
Particularmente delicada es la situación de los Pueblos Indígenas que han sido abandonados a su suerte, en sus territorios y en lugares de desplazamiento como Cantagallo en Lima, sin que se desarrollen a tiempo acciones de prevención y atención sanitaria con enfoque intercultural. Situación similar viven las poblaciones afroperuanas. También somos testigos de la desesperación de las personas privadas de libertad contagiadas en los penales, y de la situación cada vez más crítica de casi un millón de venezolanas en el país. La desatención a las personas y comunidades más vulnerables contrastan con el apoyo económico a los grandes empresarios que reinician sus actividades sin garantizar la seguridad de sus trabajadores y los entornos en los que operan, tal como sucede en la gran minería y la pesquería industrial.
No hay como encarar la grave crisis actual en el marco de las políticas que se han venido implementando en el país en las últimas décadas, se requiere un nuevo curso basado en un pacto social y modelo de desarrollo con justicia social que Proponemos como base para un nuevo pacto social, los siguientes puntos:
1. Priorizar el derecho a la salud y la vida de todas y todos los peruanos. Avanzar hacia un sistema unificado de salud, reformado y financiado, con plenos derechos laborales para sus trabajadores, que incluya la participación de la población organizada con enfoques de salud comunitaria, de género e interculturalidad.
2. Garantizar la supervivencia sin riesgo de todas y todos en tanto dure la emergencia: Ingreso Mínimo Universal bajo la forma de un bono de mil soles a todos los ciudadanos mayores de 18 años en tanto dure la emergencia. Atender en particular las necesidades específicas de las personas más vulnerables, por ejemplo las que viven con algún tipo de discapacidad.
3. Pleno respeto a los derechos laborales y promoción del trabajo digno. Cese de los despidos colectivos bajo cualquier forma, en particular los que afectan a las mujeres en la agro-exportación y en el trabajo en hogares. Formalización de las/os trabajadores/as de MYPE y auto-empleados en el marco de una nueva Ley General del Trabajo y promulgación inmediata de la Ley de Trabajadoras del Hogar. Fortalecer las capacidades, competencias y recursos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de la SUNAFIL.
4. Reactivación económica sin privilegios ni riesgos para la salud. Priorizar el apoyo a las PYME y micro-empresas. Protocolos sanitarios rigurosos, elaborados con participación de los trabajadores, que garanticen bioseguridad, los derechos laborales e integrales para los trabajadores/as. Instalación en todos los centros laborales (públicos y privados) de Comités paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo con participación de los sindicatos. Reconocimiento de COVID 19 como enfermedad profesional.
5. Priorizar la reactivación del sector agrario. Creación de un Fondo de Salvataje y Reactivación de la Agricultura Familiar, principal garante de la seguridad alimentaria del país. Promulgar una Ley de compras estatales que priorice a los productores nacionales. Reorganización del actual sistema de grandes mercados, promoviendo la descentralización. Establecimiento de un Comando de Emergencia Agraria que articule a los diversos sectores involucrados en el tema agrario, incluyendo a las mujeres productoras.
6. Políticas públicas y participación ciudadana para erradicar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres. Promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. Conformación de un sistema integral público de cuidados, reconocimiento social, cultural y remunerativo del trabajo del cuidado. Garantía de los derechos de la comunidad LGTBI, en particular su derecho a la identidad.
7. Reforma integral de la Seguridad Social en todos sus componentes con la participación de trabajadores y pensionistas. Establecimiento de un sistema universal de pensiones basado en la solidaridad y con un criterio de reparto equitativo, que reemplace al régimen de las AFP. Pensiones dignas para los jubilados.
8. Impuesto a las grandes fortunas, gravando ingresos y activos, para permitirle al estado hacer frente a la situación de emergencia. Cobro inmediato de las millonarias deudas tributarias de las grandes empresas. Reforma tributaria que acabe con las exoneraciones.
9. Reconocimiento pleno y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, incorporación de sus representantes en las instancias de decisión frente a la crisis para concertar y ejecutar estrategias y acciones diferenciadas en sus territorios. Suspensión de todo tipo de actividad extractiva en sus territorios en tanto dure la emergencia. Reconocimiento y atención a las demandas de las poblaciones afro-peruanas.
10. Fortalecimiento de la educación pública, con enfoque intercultural, de género y de derechos, en función de garantizar el derecho a la educación de todas y todos los peruanos, particularmente los más vulnerables. Incremento del presupuesto para la educación, en especial la educación a distancia, reduciendo la brecha digital. Apoyo a las actividades culturales a través de medios abiertos y virtuales.
11. Garantizar la continuidad de la reforma política a través de la renovación de los mecanismos de representación: fortalecimiento de la democracia interna de los partidos, eliminación del voto preferencial, paridad y alternancia y facilidades para el registro de nuevos partidos.
12. Profundizar la lucha anticorrupción acelerando juicios y sentencias a los responsables del saqueo de los fondos públicos y por tanto de la crisis estatal que está cobrando vidas con la pandemia. Activar y ampliar mecanismos de fiscalización y vigilancia del gasto público en el contexto de la emergencia para prevenir y sancionar la reiteración de diversas prácticas corruptas.
13.- Iniciar la transformar de la estructura económica con enfoque productivo, intercultural, desarrollo sostenible y trabajo decente. Priorizar la diversificación productiva y el desarrollo regional.
14.- Impulsar mecanismos de participación ciudadana y de organizaciones de base frente a la pandemia, con un enfoque que combine la construcción de Poder Popular y la constitución de un Sistema de Dialogo Social (vinculante) con autoridades locales, regionales y nacionales.
Sin un cambio de rumbo será imposible derrotar la pandemia y superar la crisis económica, social y política. Llamamos al Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y Locales a abrir espacios para el diálogo democrático directo y participativo en torno a estas propuestas y múltiples iniciativas que nuestro pueblo desarrolla cotidianamente para resistir y sobrevivir.
La Asamblea Nacional de los Pueblos hace un llamado a las organizaciones, a la ciudadanía en general, a involucrarse en construir este curso alternativo. La prédica individualista exacerbada de las últimas décadas ha debilitado el poderoso tejido social que construimos a lo largo de siglos de resistencia y lucha por la justicia social. Es el momento de reconstruirlo. Respetando la distancia social tenemos que mantener nuestros vínculos para estar alertas a la situación de vecinos, amigos, compañeros y compañeras de trabajo, hermanos y hermanas de comunidad, etc. Tenemos que organizar colectivamente nuestra supervivencia cotidiana, garantizar la salubridad de los espacios comunes, controlar la movilidad descontrolada. Tenemos que construir nuestros protocolos y respetarlos en talleres, mercados, fábricas y oficinas. Pero por sobre todo tenemos que organizarnos para luchar por nuevas políticas que garanticen Salud, Agua para todas y todos, Trabajo, Educación, Democracia, Igualdad y Soberanía.
Lima, 15 de mayo 2020
Firman:
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT-Perú), Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (FENTTRAHOP), Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación, Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable (FENTAP), Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, Regionales de la CGTP de: Chimbote, Puno, Ica, Junín, Tacna, Ayacucho, Apurímac, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Piura, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios, Huancavelica, Huánuco, Jaén, Lima, Callao.
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalarias del Perú (FENMUCARINAP), Confederación Campesina del Perú (CCP), Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno (ADEMUC), Asociación de Mujeres Campesinas de Sandia, Asociación Mujeres Campesinas de Melgar.
Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral-Comedores (CONAMOVIDI), Colectivo Mujer y Poder, Marcha Mundial de las Mujeres, Asociación Pachamama (Ayacucho), Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), Colectivo Uniones Perú, Colectivo por la Igualdad de Género (Piura), Movimiento Manuela Ramos, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, Movimiento Micaela Bastidas (Trujillo), Asociación de Desarrollo y Crecimiento Personal (ADECEP), Asociación Agenda Mujeres, Asociación de Mujeres Las Karahuayllas.
Coordinadora Nacional de Frentes Regionales del Perú (CONAFREP), Unión de Frentes Regionales del Perú (UFREP), Coordinadora Nacional de Usuarios del Gas Natural, Coordinadora Política Social de la Región de Arequipa (COPSORA), Colectivo Inundación Nunca Más (Chulucanas-Piura), Asociación Patriótica por la Recuperación de Arica y Tarapacá (ASPRATA), Frente Callao Dignidad Oficial, Comité Promotor de la ANP – Ica. Coordinadora de Organizaciones Ciudadanas por el Desarrollo de Carabayllo, Comisión Interinstitucional para la construcción del nuevo Hospital Nacional Sergio Bernales (Lima Norte), Junta Vecinal Comunal y Coordinadora para el Desarrollo de Margen Izquierda del río Rímac (Cercado de Lima). Asamblea Vecinal de los pueblos de San Martín de Porres, Frente Juvenil de Izquierda, Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (CENAJUPE), Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación (ANCIJE), Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú (SUTPECOS). Partido Comunista Peruano, Voz Socialista, Partido Comunista del Perú (Patria Roja), Movimiento Nuevo Perú.
Red Nacional de Trabajadoras Auto-empleadas del Perú, Asociación Micro Comerciantes Autogestionarios de Lima Cercado, Asociación Centro Comercial Cachina Plaza – El Cercado, Asociación de Pequeños Emprendedores Victorianos del damero de Gamarra (APEMVIC), Corporación Mega Feria Mañaneras del Perú, Asociación de Trabajadores Informales Coronel Francisco Bolognesi, Nueva Asociación de Emprendedores Comerciantes del distrito de La Victoria, Frente Nacional de Gremios de Micro y Pequeños Empresarios, Asociación de Comerciantes de frutas y actividades afines “Virgen de Cocharcas” (Lima), Asociación de Pequeños Microempresarios “Santa Rosa de Lima” (La Victoria, Lima), Empresas de Transporte y Asociaciones de moto taxi: “Los inmigrantes” servicios múltiples, “Virgen del Carmen (Apolo La Victoria), “Niño Jesús” (La Victoria), el Mirador El Pino, “Señor de Muruhuay” de Apolo, Virgen de Cocharcas de El Pino, “Señor de la Soledad” (Apolo), Empresa Nueva Juventud, Empresa “Virgen de la Asunción”.
Siguen firmas…
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CGTP protesta frente a exclusión de trabajadores y pensionistas en comisión sobre reforma pensionaria

COMO ANTES EL EJECUTIVO, AHORA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA EXCLUYE A TRABAJADORES, AFILIADOS Y PENSIONISTAS DE COMISON PARA REFORMA PREVISIONAL
Pronunciamiento

La Confederación de Trabajadores del Perú (CGTP) hace del conocimiento de los trabajadores y el pueblo peruano que el 29 de abril del año en curso, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 5095/2020-PE denominado Ley de Reforma integral de los Sistemas de Pensiones con el objetivo de crear una comisión mixta encargada de formular una propuesta para una reforma integral del Sistema Nacional de Pensiones y del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

Al respecto, en carta dirigida al Congreso de la República y a los congresistas, la CGTP señaló que el proyecto excluía a los trabajadores, afiliados y pensionistas como integrantes de la comisión en contravención a los Convenios 144 y 102 de la OIT relativas al tripartismo, diálogo social y la participación de los trabajadores afiliados y pensionistas en la formulación de la estrategia nacional en materia de seguridad social como, además, en diferentes oportunidades la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT ha observado al Estado peruano.

Conforme a ello, solicitamos y propusimos al Congreso de la República incorporar en la conformación de la referida comisión mixta a tres (3) representantes de los trabajadores afiliados a los sistemas pensionarios designados por la central nacional de trabajadores mas representativa y a dos (2) representantes de los pensionistas, designados por la central nacional de pensionistas mas representiva.

Sin embargo, se ha informado que el pleno del Congreso de la República con la anuencia de 125 Congresistas (con la única abstención de la Congresista Mirtha Vásquez quien propuso la conformación de una comisión con participación de los trabajadores afiliados y pensionistas) de todas las bancadas políticas ha aprobado la conformación de una comisión multipartidaria para la elaboración de una propuesta de reforma integral del sistema de pensiones con la que se excluye a los trabajadores, afiliados y pensionistas en la formulación de la estrategia nacional en materia de Seguridad Social y que dicha Comisión “podría invitar (si lo consideran) a los gremios y sindicatos”.

El actual Congreso de la República y sus bancadas políticas, como también lo hizo el Ejecutivo, reproducen con su práctica política la tradición de un Estado y un poder legislativo de espaldas a los trabajadores y la ciudadanía; un poder que de manera autoritaria y soberbia señalan que “podrían invitar (si lo consideran) a los gremios y sindicatos”. Debemos recordar que esa fue la práctica política de la dictadura fujimorista, con Boloña a la cabeza del MEF, que impuso al país las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con las graves consecuencias que ahora vemos para el sistema previsional peruano.

La CGTP condena enérgicamente esta práctica política que revela una concepción burocrática y elitista de la democracia que no puede concebirse como tal si no promueve la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. La reforma int

egral del sistema de pensiones no es un asunto que interese solo a un grupo de burócratas y tecnócratas del ejecutivo o del legislativo ligado a los intereses de los grupos de poder económico y financiero, es un asunto de interés nacional y de la sociedad en su conjunto.

La CGTP recuerda que en diferentes oportunidades la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT ha observado al Estado peruano el deber de cumplir con lo establecido en el Convenio 102 de la OIT, particularmente en lo relativo a la participación de los interlocutores sociales en la gestión y en la formulación la estrategia nacional en materia de seguridad social.

La confirmación de una Comisión con participación de los trabajadores, afiliados y pensionistas no anula las competencias de los órganos legislativo y ejecutivo del Estado; pero, si revelaría una nueva forma de gobernar el país que promueva el diálogo social y la participación democrática de los trabajadores y de toda la sociedad.

La CGTP, demanda y propone la conformación de una Comisión de diálogo Social para la Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano con participación de los trabajadores, afiliados y pensionistas; comisión que para hacer sostenible la reforma del sistema promueva un amplio debate nacional y que en el más breve plazo elabore una propuesta de reforma del sistema previsional peruano universal y solidaria.

Lima, 18 de mayo 2020

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
GERONIMO LOPEZ SEVILLANO / SG CGTP

 

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CGTP presenta libro sobre propuestas de reactivación con empleo y actividad productiva

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS SOBRE LA REACTIVACIÓN CON ÉNFASIS EN LA CONSERVACIÓN DE EMPLEO E INGRESOS Y EL ASEGURAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FRENTE AL COVID-19

Presentación

Perú junto con el resto del mundo, se enfrenta a un desafío sin precedentes para contener la propagación del nuevo coronavirus COVID-19 y reducir al mínimo la pérdida de vidas. Los esfuerzos por contener el virus han dado lugar a un cambio completo en las perspectivas económicas y en el debate sobre que políticas implementar.

En el país se han adoptado diversas medidas para evitar la propagación del virus.Estas medidas de contención equivalen a un cierre parcial de la economía y llevará a una pérdida significativa del Producto Bruto Interno (PIB) que fluctúa entre -4% y -8%. Las fuertes caídas en el PIB tienen poco en común con los ciclos económicos o de negocios normales, y hay bastante incertidumbre sobre la forma en que esta crisis puede evolucionar. Se trata de una situación sin precedentes de los últimos 30 años que tendrá serias repercusiones en el empleo (informalidad y desempleo) e ingresos, así como en la pobreza y la desigualdad.

Es por esta razón, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha preparado el presente documento con la finalidad de establecer un conjunto de recomendaciones de políticas sobre la reactivación económica con énfasis en la conservación de empleo e ingresos y el aseguramiento de la actividad productiva frente al COVID-19. La mayoría de las propuestas planteadas en este informe son iniciativas factibles de implementar en el corto plazo en base a experiencias internacionales de políticas públicas.

Este documento se centra solamente en la elaboración de una propuesta de recomendaciones de políticas sobre la reactivación económica con énfasis en la conservación de empleo e ingresos y el aseguramiento de la actividad productiva frente al COVID-19, desde la perspectiva de la CGTP. Es decir, la preocupación central se enfoca en el desarrollo de recomendaciones o lineamientos generales relacionados a la conservación empleo e ingresos, sin dejar de lado que existen otros temas de interés nacional como la reforma laboral, tributaria o de pensiones, que requiere de un análisis más integral, comprehensivo y sistémico que escapa al objetivo del presente informe.

En base a medidas que vienen implementado diferentes países de la región para frenar el impacto negativo de esta crisis en la economía y en los mercados laborales, se propone una serie de medidas para incentivar la demanda y oferta agregada, así como un conjunto de medidas, como marco referencial para el inicio de una discusión, que apuntan a: 1) estimular la economía y el empleo; 2) apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos; 3) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; y 4) buscar soluciones mediante el diálogo social.

Si bien por su naturaleza de contenido el énfasis de la propuesta está en la conservación de empleo e ingresos, la coyuntura actual también nos plantea el reto, que, en un futuro próximo, se aborde otros temas estructurales de la economía como la reforma productiva, económica y laboral que comprenda los desafíos y perspectivas del mercado laboral futuro, y el pleno respeto de los derechos laborales, en un marco del diálogo social tripartito entre trabajadores, empleadores y gobierno, actores representativos de la sociedad en su conjunto.

Lima, 13 de mayo 2020

GERÓNIMO LÓPEZ SEVILLANO
Secretario General CGTP

Descargue el libro completo https://es.scribd.com/…/RECOMENDACIONES-DE-POLITICAS-SOBRE-…

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17 de Mayo: 91 años de la fundación histórica de la CGTP

17 de Mayo: 91 años de la fundación histórica de la CGTP

Por Gerónimo López Sevillano / SG CGTP
Hoy se cumplen 91 años de la fundación histórica de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) desde aquel 17 de mayo de 1929, constituida a iniciativa y acción constante de José Carlos Mariátegui y por delegados convocantes de Federación de Choferes, Fede­ración Textil, Federación Ferroviaria, Federación Gráfica, Federación de Motoristas y Conducto­res, Unificación de Cerveceros de Backus y Johnston, Federación de Yanacones. Representó el momento culminante de un largo proceso de maduración de la clase obrera peruana, de lucha contra los rezagos del anarcosindicalismo, pero al mismo tiempo del rescate de sus cuadros más destacados, siendo Julio Portocarrero el primer secretario general.
José Carlos Mariategui, fundador de la CGTP
Tan pronto constituida fue objeto del odio de las clases dominantes personificada en la dictadura de Luis Sánchez Cerro en 1930 en medio de una huelga de trabajadores mineros en Cerro de Pasco, Morococha, Malpaso y La Oroya, que acabó con 14 trabajadores mineros muertos en la masacre de Malpaso en lucha contra la empresa norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation.
Ricardo Martínez de la Torre en sus “Apuntes para una Interpretación Marxista de Historia Social del Perú”, quien estuvo al lado de Mariátegui, brinda el mejor testimonio escrito sobre esta etapa de la CGTP.

José Carlos Mariátegui, Martínez de la Torre y Jorge del Prado, entre otros
Pasaron los años y el movimiento sindical necesitó reconstruirse pasando por la experiencia de los años 1944 con la formación de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) a iniciativa de los sindicalistas apristas y comunistas, que finalmente desencadenó en una crisis debido a la conducción conciliadora, amarilla y pro patronal de la dirigencia aprista, por lo que la corriente clasista, mariateguista, constituyó en los años 60 el Comité de Defensa y Unificación Sindical (CDUS) proceso de reconstitución que culmina en el Congreso Nacional realizado entre el 9 y 14 de junio de 1968 donde renace vigorosamente la CGTP.

 

Mitin CGTP en Plaza 2 de Mayo años 70 del siglo pasado
La situación actual marcada por una crisis sanitaria y por ende, económica política y social bajo el continuismo del capitalismo salvaje encuentra a la CGTP y a todas sus bases sectoriales y territoriales luchando en defensa de la vida y la salud frente a la pandemia del COVID19, en medio de la emergencia nacional y de aislamiento social, pero también en defensa del pan y del trabajo contra la denominada “suspensión perfecta de labores” y la alianza del Gobierno del Presidente Martín Vizcarra y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), que representan los intereses de las transnacionales y la oligarquía empresarial.
Los sindicalistas de hoy, le debemos mucho a José Carlos Mariátegui y a los fundadores de la CGTP, el 17 de Mayo de 1929. Así como a la vanguardia obrera que hizo la reconstitución en 1968 y su primera junta directiva. Nuestra gratitud eterna al Amauta Mariátegui por heredarnos un instrumento de lucha de frente único para las reivindicaciones sindicales, pero también por heredarnos el instrumento de lucha por el poder político, que es el partido de los trabajadores, que inicialmente se denominó socialista y después, comunista.

Mitin CGTP en Plaza 2 de Mayo en lucha contra la dictadura fujimontesinista
En memoria a Julio Portocarrero, a Avelino Navarro, a Gamaniel Blanco, de la primera junta directiva de la CGTP reconstituida y de quienes regaron con su sangre y pagaron con su vida la lealtad a la clase trabajadora como Isidoro Gamarra, Pedro Huilca, Saúl Cantoral, Horacio Zeballos, Heberth Rodríguez, Manuel Cortez, Juan Miranda, Carlos Jiménez, entre otros, nuestro más ferviente homenaje y promesa de continuar la lucha con su ejemplo, hasta lograr una nueva sociedad sin explotados ni explotadores.
Lima, 17 de mayo 2020.
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CGTP: Por una verdadera reforma integral de pensiones desde los trabajadores y pensionistas

El país necesita una verdadera reforma integral del sistema de pensiones

A propósito del cierre de la ONP propuesto por MEF-AFP

Por Gerónimo López Sevillano / SG CGTP.
Recientemente el Gobierno anunció al país que presentaba al Congreso de la República un Proyecto de Ley de reforma integral del sistema de pensiones. En realidad, se trataba de un proyecto de ley para conformar un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de reforma. La composición del grupo de trabajo excluía a los trabajadores, afiliados y pensionistas quienes son los principales interesados en una verdadera reforma del sistema, lo que motivó que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) remitiera una carta al Congreso de la República. El Congreso de la República acaba de informar que el proyecto del ejecutivo ha sido archivado.
Sin embargo, eso no quiere decir que el Gobierno no tenga una propuesta de “reforma integral del sistema de pensiones”; al contrario, como se acaba de informar en el diario Gestión del 13.05.2020, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene una propuesta que plantea cerrar la ONP de carácter pública para “crear un sistema único de pensiones” basado en la cuenta de capitalización individual, además para que los actuales afiliados a la ONP se dividirían en dos grupos: los de mayor edad permanecerían en el “sistema estatal actual” y los de menor edad pasarían al llamado “sistema integrado” que no sería otro que el de capitalización individual. En buena cuenta la “carnecita” que aportaría más años pasa al sistema de capitalización individual de las AFP y el “hueso” se queda en el sistema estatal hasta que fenezca.
Esta propuesta no es nueva, la Asociación de AFP en marzo del 2019 ya había propuesto que “los afiliados a la ONP pasen a formar parte del sistema de capitalización individual reconociendo así sus aportes a través de un bono de cierre de S/. 80,000, ya que hoy 2 de cada 3 afiliados a la ONP no recibirá pensión”. Esto quiere decir cerrar la ONP y que sus afiliados pasen al sistema de capitalización individual administradas por las AFP.
Estas propuestas en realidad son ya anacrónicas y buscan preservar y fortalecer un sistema de capitalización individual en un contexto en que solo durante el 2018, 18 países habían revisado sus reformas y han revertido, total o parcialmente, la privatización de sus pensiones[1]. La propuesta del MEF-AFP es un despropósito, explicable solamente cuando lo que se quiere es proteger los intereses de los dueños de las AFP y de los grupos económicos y financieros ligadas a ellas.
Pero estas propuestas se han visto acompañadas de movidas recientes para favorecer a las AFP que no debemos pasar por alto, así aprovechando los impactos del COVID-19 y el retiro de los fondos de pensiones que primero autorizara el Gobierno y luego el Congreso de la República, fue removido el presidente del Banco de la Nación por no ceder a las presiones del MEF para otorgar un préstamo a las AFP que habían solicitado apoyo del Estado contra el cual siempre denostaron. Como no funcionó, entró a tallar el BCR con otra movida que consistió en la compra de bonos del tesoro a las AFP como ha sido denunciado por varios expertos.
La decisión de cerrar el sistema público de pensiones administrado por la ONP y el paso de sus afiliados al sistema privado, tendría que tener justificación en claras ventajas del sistema de capitalización individual administrado por las AFP. Sin embargo, los balances de veintiocho años de reforma previsional en el Perú no parecen abonar en la dirección querida por el MEF y la Asociación de AFP.
La incursión de las AFP en el Perú, más allá del discurso y la publicidad, no han significado mejoras en términos de la calidad de la cobertura en el sistema de pensiones. Incluso, como antes lo hicieron, siguen tratando de hacer creer que son los que han logrado ampliar la cobertura. Lo que no dicen es que ello ha sido posible por una muy bien montada estrategia publicitaria y el favor de los sucesivos Gobiernos y Congresos que dieron normas promovidas por los lobs para favorecerlas a costa del debilitamiento del sistema público.
Pero se trata de mirar más de cerca y veremos que si bien las estadísticas de la SBS y AFP muestran que los “afiliados activos” son 7,521 916 (enero 2020), un indicador de mayor relevancia para analizar la debilidad o fortaleza del sistema es la relación afiliados /aportantes pues la obtención del derecho a la pensión como el monto de la pensión futura en el régimen de capitalización individual dependen de los aportes efectivamente realizados. Así, tenemos que, para diciembre del 2019, el número de cotizantes es de 3, 074 529, lo que quiere decir que menos del 50% de afiliados obligatorios al sistema se encuentran realizando aportes lo que evidentemente tendrá un impacto negativo en las pensiones futuras.
La imposición de las AFP destruyó los mecanismos de solidaridad (redistribución de ingresos entre afiliados y entre generaciones) necesarios para financiar un sistema de pensiones; fue orientado a sustraer al Estado de su obligación de garante financiero del sistema de pensiones; sus costos administrativos siguen siendo altos a tal punto que cobran millones de soles en comisiones y ganancias mientras que sus afiliados pierden la rentabilidad de sus fondos; persiste la evasión contributiva en importantes sectores de la economía formal, incluyendo al propio Estado, que mantienen a sus trabajadores en la informalidad laboral.
Así, las empresas de once a cien trabajadores presentan un 36% de informalidad laboral y la gran empresa de más de cien trabajadores exhibe una tasa de informalidad de 9.2%, lo que en buena cuenta no es atribuible a la legislación laboral sino al incumplimiento de la ley por parte de los empleadores y la debilidad del sistema de inspecciones laborales para prevenir, detectar y sancionar su incumplimiento.
El SPP significó un alto costo fiscal de transición principalmente por el financiamiento del déficit fiscal y el bono de reconocimiento.
El SPP ha profundizado las desigualdad entre hombres y mujeres, pues las tasas de desempleo abierto y las tasas de subempleo son más altas en las mujeres y el nivel de sus remuneraciones es menor que el de los hombres lo que tiene un impacto sobre las pensiones futuras; por último, los que asumen el riesgo en el sistema privado son los propios afiliados pues debemos recordar el impacto de la crisis económica y financiera mundial que significo la pérdida de fondos mientras las administradoras seguían y siguen ganando como ya ha sido reportado. Lo mismo ha ocurrido a raíz del impacto de la pandemia del COVID-19, en la que los afiliados han visto caer la rentabilidad de sus fondos mientras que los accionistas de AFP se distribuyen utilidades.
Son diversas las razones para sostener válidamente que una verdadera reforma integral del sistema de pensiones pasa necesariamente por reformar y fortalecer el sistema público de pensiones y no liquidarlo como pretenden desde las AFP y el MEF.
Una reforma integral del sistema de pensiones como lo ha propuesto nuestra central debe retomar los principios de universalidad, solidaridad, financiamiento colectivo y fortalecer el sistema público de pensiones cumpliendo con los estándares establecidos por Convenio núm. 102 de la OIT ratificado por el Perú.
La reforma integral del sistema de pensiones debe incluir a los trabajadores y pensionistas como actores fundamentales para una reforma sostenible del sistema en cumplimiento de los Convenios 144 y 102 de la OIT relativas al tripartismo, diálogo social y la participación de los trabajadores afiliados y pensionistas en el finaciamiento y gestión de la seguridad social como un medio eficaz para asegurar la eficacia de la instituciones o ampliación de la seguridad social.
Debe recordarse que en diferentes oportunidades la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT ha observado al Estado peruano el deber de cumplir con lo establecido en el Convenio 102 de la OIT, particularmente en lo relativo al financiamiento colectivo, la participación de los interlocutores sociales en la gestión y en la formulación la estrategia nacional en materia de seguridad social.
La CGTP reitera la necesidad de realizar un verdadero debate nacional a fin de lograr una reforma integral del sistema de pensiones y covoca a los trabajadores, las organizaciones sociales y de la sociedad civil a luchar por una reforma de pensiones universal, solidaria y sostenible con participación activa de los trabajadores, afiliados y pensionistas en la gestión institucional y en la formulación de una estrategia nacional para ampliar la cobertura a todos y todas a fin de garantizar pensiones dignas.
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[1] Ortiz, Ysabel, Durán Fabio y otros. “La reversión de la privatización de pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018). OIT, Primera Edición, 2019.
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CGTP advierte que gobierno pone en riesgo la vida de adultos mayores que trabajan

LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 NO DEBE PONER EN RIESGO LA SALUD Y LA VIDA DE LOS TRABAJADORES Y LA DE LOS ADULTOS MAYORES
PronunciamientoLa Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) advierte a los trabajadores y a la población que ha demandado de manera reiterada, la necesidad de que la reactivación de las actividades productivas y de servicios no puede poner en riesgo la salud y la vida de los trabajadores.

PRO CGTP 110520

 

Lamentablemente, recientes normas expedidas establecen algunas disposiciones que significarían un retroceso de lo avanzado en materia de seguridad y salud en el trabajo al haberse dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1499 la suspensión de la realización de los exámenes médicos pre ocupacionales en las actividades de alto riesgo y de los exámenes médicos ocupacionales periódicos, prorrogándose automáticamente la vigencia de aquellos que hayan vencido o estén por vencer.

Otro aspecto que involucra un retroceso es el relativo a la suspensión de la obligatoriedad de las auditorías al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las actividades económicas establecida en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1499.

Ambas disposiciones gubernamentales además de representar un retroceso en materia de seguridad y salud en el trabajo es una expresión concreta de cómo se privilegia el menor gasto posible para las empresas por sobre la seguridad y salud de los trabajadores.

De otro lado, el Gobierno mediante el artículo 8 del DS N° 083-2020-PCM, cediendo a las presiones de sectores empresariales, ha incrementado a 65 años la edad de las personas para ser consideradas dentro del grupo de riesgo para COVID-19.

Esta modificación tiene como objetivo que el derecho establecido para que trabajador adulto mayor realice trabajo remoto quede restringido a este grupo etario, de tal manera que los adultos mayores de 60 hasta los 65 años queden excluidos de realizar trabajo remoto y se vean obligados a concurrir a laborar poniendo en riesgo su salud y la vida, pues como es de público conocimiento la mayoría de los fallecidos por el COVID-19 son los adultos mayores entre 60 y 69 años de edad que en este momentos en el país alcanzan a 554 de un total de 1961, según la sala situacional COVID-19 al 11 de mayo del 2020.

Debemos señalar que la Ley N° 30490, Ley del Adulto Mayor, reconoce como tales a las personas que tengan 60 o más años de edad y establece en su artículo 5.2 que el “Estado dispone las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor en situaciones de riesgo…” como efectivamente sucede en el contexto del COVID-19. El Estado mediante esta norma que, además, contraviene la Ley N° 30490, amenaza con poner riego la salud y la vida de los trabajadores adultos mayores y configura un claro acto de discriminación por la edad contra el grupo etario de adultos mayores de 60 a 65 años y por ello es inconstitucional.

La CGTP demanda al Gobierno, restablecer las obligaciones de los empleadores establecidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a los exámenes médicos ocupacionales y a la obligatoriedad de la auditoría al sistema de seguridad y salud en el trabajo y el derecho de los adultos mayores a partir de los 60 años, protegidos por la Ley N°30490, a ser considerado dentro del grupo de riesgo para el COVID-19.

Lima, 11 de mayo 2020.

CONSEJO NACIONAL CGTP

GERONIMO LOPEZ SEVILLANO
Secretario General

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CGTP reconoce lucha por trabajo digno de trabajadoras del hogar

CGTP reconoce lucha por trabajo digno de trabajadoras del hogar
Lima, 10/05/20: La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) a través de su vocero principal, el secretario general Gerónimo López Sevillano emitió, hoy, su público reconocimiento a Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadores del Hogar del Perú (FENTTRAHOP) por su lucha consecuente al reivindicar derechos laborales para este importante sector.

Se trata de la modificación la Ley de Trabajadoras del Hogar, Ley 27986, donde se incorporan puntos muy importantes como: Contrato de trabajo escrito, emisión de boleta de pago, edad mínima para trabajar de 18 años, prohibición de actos discriminatorios y protección frente al acoso sexual.
A partir de la fecha, el Ministerio de Trabajo establecerá un modelo de contrato laboral que sea por escrito y no verbal, además el empleador deberá emitir boleta de pago considerando asimismo que la remuneración, será establecido por libre acuerdo de las partes y deberá ser justa y equitativa, es decir no inferior a la remuneración mínima vital, conforme aprobó la Comisión de la Mujer del Congreso de la República.
Ledy Mozombite Linares, lideresa principal de la FENTTRAHOP, encabeza una larga lucha ante el Gobierno contra la discriminación y por establecer el trabajo digno para las trabajadoras del hogar puesto que, en este sector, el 92% están laborando en condiciones informales y el 96% son mujeres y en su mayoría madres solteras o jefas de hogar.
Entre otros aspectos, el empleador está obligado proporcionar alimentación y alojamiento al trabajador o trabajadora del hogar en condiciones dignas y humanas igual que equipos de protección y herramientas para la ejecución del servicio y demás implementos necesarios para garantizar condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Gerónimo López, expresó su reconocimiento a FENTTRAHOP, base de la CGTP, por el avance de sus conquistas laborales y les desea éxitos su lucha por una nueva Ley de Trabajadores del Hogar conforme al Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
APIS-DPC
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Carta abierta de las centrales sindicales

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CONGRESO NACIONAL, OPINIÓN PÚBLICA Y TRABAJADORES EN GENERAL.
El Perú se encuentra frente a la disyuntiva de dar inicio gradual a más de la mitad de la actividad económica que ha estado paralizada. El gran problema es que daríamos este paso, sin tener evidencia clara de que ya estamos en un punto de inflexión de las cifras de contagio con las consecuentes y penosas muertes, amén del colapso del sistema de salud. Paso difícil que debemos analizar más profundamente y confrontarlos con las necesidades humanas que nos rebasan. Si vamos a dar esta apertura exigimos que se tomen las medidas y procedimientos con un enfoque de derechos que protejan adecuadamente, no solo a los trabajadores, sino a toda la sociedad, con los máximos estándares de protocolos contra el Covid-19 y no como hace la presidenta de la CONIEP que se queja de ellos afirmando: “ni que fuéramos países europeos”.
El gobierno es signatario de la OIT y como tal no solo debe aplicar, sino promover los preceptos del derecho de Trabajo, digno y decente, así como también la necesidad de consolidar los comités de seguridad y salud en el trabajo, que los empresarios menosprecian, que se garantice el pleno ejercicio de la libertad de las organizaciones sindicales y un real diálogo tripartito y/o social que las nuevas circunstancias después de la pandemia del Covid 19 lo exige.
Se debe promover la participación de los trabajadores. No es posible, que, de los protocolos publicados, correspondientes a los sectores de producción y servicios señalados para la primera fase, las Centrales no hemos sido informados oportunamente a excepción de construcción civil.
¿Nos preguntamos solo con esa referencia general comenzará la producción? Demandamos que antes del funcionamiento de cualquier tipo establecimiento laboral, se instalen los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, que se les proporcione el tiempo suficiente para su tarea y que su voz por lo que representa, se tomen en cuenta en la reactivación que se anuncia. Más aún si la cuarentena se ha prorrogado. Reiteramos enfáticamente que, sin un enfoque de derechos, los costos de la reapertura de la economía serán mayores, los que insisten en el apuro (CONFIEP) lamentablemente parecen no entender que esos costos serán en vidas humanas. Y no se puede argumentar que ello va a demorar los inicios del cronograma de apertura, si al mismo tiempo aceptamos que la salud es lo primero.
No se trata solamente de la salud dentro del trabajo, también, debemos tomar en cuenta el orden en el transporte, en el abastecimiento y otros, por ello exigimos una estrecha coordinación con todos los niveles del Estado, sobre todo con los trabajadores públicos y privados en sus distintos niveles, hay que escuchar y atender sus justas demandas.
Hoy que la cuarentena se prolonga hasta el 24 de mayo, es necesario señalar que esta por sí sola no basta. Es correcto que el Gobierno reconozca que la estrategia de lucha contra el COVID-19 no ha tenido el impacto esperado, pues en muchos sitios ha sido un fracaso, de ahí las estadísticas que conocemos.
Sin ese reconocimiento, que la sociedad ya advertía, no serán posible las enmiendas para paliar lo que ya constituye una debacle. Es imprescindible que acciones y procedimientos, de cuya efectividad depende la acertada gestión del Estado, reciba las correcciones inmediatas. Como son: En el tema de sanidad donde no se utilizó las pruebas moleculares, no se atendió los requerimientos de equipos de bioseguridad y lo que es peor aún no se contó con una política nacional de salud, otra falencia fue que no se contempló a los sectores que viven del día a día y que se han visto obligados a salir a las calles porque no se les brindó ninguna ayuda. Además, ello se agrava con la perversa suspensión perfecta de labores y vencimiento de contratos precarios, acentuándose esta grave realidad con los cientos de miles de jubilados (Ley 19990 y 20530) que reciben pensiones miserables que no llegan ni a la mitad del bono. Por ello exigimos una rápida reacción activando el bono universal y el impuesto a las grandes fortunas, reconocer que en 54 días de aislamiento social los peruanos ya gastaron todo, incluidos los que tienen sus CTS y AFP. Censuramos a los que violaron la cuarentena, pero más censurable es el insistir en medidas fracasadas implementadas por el Gobierno de Martin Vizcarra quien de inmediato debe enrumbar nuevas estrategias.
Lima, 08 de mayo del 2020
Centrales Sindicales del Perú
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CGTP respalda la lucha de los trabajadores y pensionistas en el bono universal

PRO CGTP 070520

CGTP RESPALDA LUCHA DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS POR INCLUSION EN SUBSIDIO ESTATAL
Pronunciamiento

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se dirige a los trabajadores y al pueblo peruano para expresar su reiterado reconocimiento a los hombres y mujeres profesionales de la salud, municipales de la limpieza pública, de la seguridad ciudadana y la alimentación quienes se encuentran en primera línea de combate contra el coronavirus al mismo tiempo que rendimos homenaje a la memoria de los trabajadores caídos en esta pandemia, además, manifestamos lo siguiente:

1.- La CGTP respalda a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) en el inmediato otorgamiento del bono universal familiar de S/. 760.00 toda vez que el sector laboral de la construcción, por la naturaleza del trabajo, es eventual y en la actual situación de paralización de obras y de emergencia no cuentan con ingresos para el sostenimiento de sus familias; en consecuencia, exigimos al gobierno la inmediata atención a sus demandas.

2.- Nuestra plena solidaridad con la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA) y la Coalición Sindical de EsSalud que vienen demandando adecuada atención del gobierno para la realización exitosa de sus labores mediante implementación de equipos personales de protección, seguros de vida para el personal de salud, pase automático de los terceros a CAS y nombramientos de los trabajadores del CAS, no a la tercerización de los servicios en el sector salud, prórroga de la cuarentena, entre otros aspectos.
3. La CGTP respalda plenamente el otorgamiento del subsidio monetario de los
S/. 760.00 a los pensionistas del DL 19990 y otros regímenes pensionarios porque esta población constituye un sector altamente vulnerable frente a la pandemia y económicamente es un sector en situación de pobreza; con pensiones por debajo de la RMV, porque, además no se encuentran en planilla puesto que no cuentan con relación laboral alguna, conforme viene solicitando la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (CENAJUPE).

4.- Finalmente la CGTP se reafirma en su pronunciamiento de fecha 06/05/20 en el que se alerta al país sobre “el reinicio de las actividades económicas cediendo a las presiones de sectores empresariales con gran influencia en el MEF, puede conducirnos a perder lo ya avanzado durante 53 días de cuarentena y tener que volver a suspender las actividades económicas lo que definitivamente haría aún más insostenible la situación de las empresas, los trabajadores y de los ingresos; en consecuencia, demandamos una reactivación exitosa bajo responsabilidad del Gobierno sobre la salud y la vida de los peruanos”.

Lima, 07 de mayo 2020.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

GERONIMO LOPEZ SEVILLANO
Secretario General

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